Un grupo de vecinos del partido bonaerense de Moreno, encabezados por el intendente Walter Festa, se presentaron ayer en la puerta del ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires para informar sobre la crítica situación del distrito producto de las políticas económicas del Gobierno nacional, pero no fueron recibidos por su titular Hernan Lacunza ni por sus funcionarios.
El intendente previamente había dirigido a la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, una carta por la "grave situación económica de nuestro distrito" y para solicitar "una ayuda económica urgente para contrarrestar el déficit económico que estamos viviendo. Necesitamos un Estado nacional y provincial presente, y que no nos asfixie económicamente".
El intendente de Moreno, Walter Festa, afirmó en diálogo con "Desde el Sur" que "el objetivo de esta jornada de concientización era lograr una mayor sensibilidad por parte de las autoridades provinciales, pero nos recibió el policía de la puerta y no fueron capaces de atendernos; la falta de sensibilidad del gobierno provincial es muy preocupante".
"A municipios aliados como Mar del Plata les han girado 400 millones de pesos y a nosotros solo 35 millones de pesos en seis meses; la discriminación que existe sobre los municipios de otro partido es notable", advirtió.
El funcionario indicó que "la municipalidad de Moreno cuenta con 4.900 trabajadores para atender las necesidades de 600 mil habitantes; esto quiere decir que nosotros tenemos 8,5 empleados cada 1.000 habitantes, mientras que el promedio provincial es de 13 empleados cada 1.000 y municipios comparables como Morón se ubican en 16 cada 1.000 habitantes".
"Mensualmente, la municipalidad de Moreno enfrenta un déficit a nivel recursos del tesoro del orden de los 30 millones de pesos y para eliminar el déficit, la propuesta de Vidal y su equipo económico, tomando en cuenta que el salario promedio es de $13.000, es despedir 3.000 empleados, esto es, un 60% del personal. Estamos hablando de familias enteras en la calle", comentó.
"Más allá de ser una decisión inviable en base a nuestra concepción política, despedir al 60% de los empleados implicaría tener que dejar de prestar servicios de salud, asistencia social, seguridad y servicios públicos. Es decir, implicaría un colapso del estado municipal, agravando fuertemente la situación social que está atravesando la población de Moreno desde diciembre de 2015, por el ajuste al que nos está sometiendo la política de los gobiernos nacional y provincial", finalizó.
